CP/doc.3671/02

Los párrafos 9 a 16 se refieren a las obligaciones asumidas por la Misión Especial, la OEA y la comunidad internacional en más amplio sentido, incluidas las siguientes: (a) suministro de asistencia técnica al Gobierno de Haití; (b) normalización de las relaciones económicas con las instituciones financieras internacionales, y (c) respaldo, seguimiento e información sobre la aplicación de la Resolución.

Un componente esencial de la Resolución es la creación de un Consejo Electoral Provisional creíble, neutral e independiente. La base para el enfoque referente a esa institución consiste en la creencia de que uno nueva, establecida de acuerdo con la fórmula enunciada en el Proyecto de Acuerdo Inicial, ofrecería la oportunidad de superar las graves fallas que llevaron a poner en tela de juicio la credibilidad de las elecciones legislativas de 2000.

Las amplias consultas referentes a la formación del CEP desde la aprobación de la Resolución 822 suscitaron coincidencia de opiniones en cuanto a la importancia de constituir la institución y la necesidad de adoptar medidas sobre varios ámbitos clave, referentes a seguridad, que facilitarían la consecución de este objetivo. No obstante, en la práctica hasta el 4 de noviembre el Gobierno había centrado la mayor parte de la atención desde la adopción de la Resolución 822 en la creación del CEP y la cuestión de las reparaciones, y no en sus obligaciones conforme a otras disposiciones clave de la Resolución, como la aplicación de las recomendaciones de la Comisión Investigadora, inclusive en los casos en que ésta proporcionó la base jurídica o estableció algún fundamento probatorio para seguir avanzando.

En el presente informe se reseña el estado de aplicación de la Resolución 822 en el período comprendido entre el 4 de septiembre y el 4 de noviembre de 2002. Las partes en cursiva son citas de los párrafos y disposiciones de la Resolución. El documento comprende los siguiente anexos:

Anexo A: Carta fechada el 29 de octubre, del Primer Ministro a la Misión Especial, y respuesta de la Misión del 31 de octubre, referente al suministro de asistencia técnica a Haití en todos los ámbitos del mandato de la Misión Especial.

Anexo B: Carta fechada el 4 de noviembre, del Ministro de Relaciones Exteriores de Haití al Jefe de la Misión Especial, en que se transmite un informe transmitiendo el documento titulado “Ejecución de las Resoluciones CP/RES. 806 (1303/02) y CP/RES. 822 (1331/02) de la OEA”.

Anexo C: Carta fechada el 4 de noviembre, dirigida al Jefe de la Misión Especial por los líderes de Convergencia Democrática, en que evalúan el estado de aplicación, por parte del Gobierno, de la Resolución 822.

Anexo D: Carta fechada el 4 de noviembre, en que se solicita al Presidente de Haití una prórroga de 15 días del plazo para el nombramiento del Consejo Electoral Provisional, remitida por cinco de las entidades que deben designar miembros de ese consejo conforme al Proyecto de Acuerdo Inicial (Revisión 9, fechada el 12 de junio de 2002).

OBLIGACIONES Y COMPROMISOS DEL GOBIERNO DE HAITÍ

En la Resolución se reseñan muy específicamente varios compromisos y obligaciones fundamentales asumidos por el Gobierno de Haití.

Párrafo 3 Acoger con beneplácito el compromiso expreso del Gobierno de Haití de implementar las recomendaciones de la Comisión Investigadora, así como las recomendaciones del Consejo Consultivo de Indemnizaciones, según consta en el Acuerdo firmado por el Ministro de Justicia, los reclamantes y sus representantes el 9 de julio de 2002, y exhortar al Gobierno de Haití a hacerlo efectivo a la brevedad posible.

La Comisión Investigadora presentó un informe el 20 de junio de 2002. En las secciones específicas siguientes se analiza cada uno de sus componentes.

Reparaciones: En función del acuerdo del 9 de julio entre el Ministro de Justicia y los Demandantes y sus Representantes se han pagado reparaciones al Sr. Reynold Georges, jefe de ALAH, ex miembro de la coalición del MPSN (organización integrante de Convergencia Democrática) y le fueron ofrecidas a Evans Paul, líder de KID, socio de la coalición de Espacio de Concertación (otra entidad miembro de CD). Además se efectuó un pago parcial al Sr. Luc Mésadieu y al Pastor Sylvio Dieudonné, líderes de MOCHRENA (una tercera entidad-miembro de CD). El Gobierno había hecho saber extraoficialmente a la Misión que estaba manteniendo un diálogo con ese partido sobre una serie de reclamaciones adicionales. La misma fuente gubernamental informó a la Misión que se habían completado las negociaciones con Victor Benoit, jefe de KONAKOM (una cuarta entidad-miembro de CD) para liquidar reclamaciones en relación con pérdidas sufridas por él mismo y por su partido.

El Gobierno informa que al 4 de noviembre se habían asignado 34 millones de gourdes (aproximadamente US$963,719.00[2]^/) para satisfacer las reclamaciones de cuatro de los cinco partidos políticos y sus líderes, todos ellos signatarios del acuerdo del 9 de julio con el Ministro de Justicia, y que se dispone de US$150.000 para el Instituto Francés de Haití.

Un hecho desalentador, sin embargo, es que la cuestión no está totalmente resuelta. Las negociaciones con OPL aún no han concluido; esa organización ha presentado una reclamación en nombre de todas las víctimas afiliadas al mismo de todo el país. También parece, al 4 de noviembre, que aún no han culminado plenamente las cuestiones pendientes con KONAKOM. Por otra parte, los casos de unas treinta personas más que figuran en el Informe del Consejo Consultivo de Indemnizaciones aparentemente aún no han recibido mucha atención.

El 4 de noviembre, el Gobierno propuso, en términos que no se han dado a conocer, la creación de un Fondo para las víctimas. Para garantizar mayor transparencia y evitar toda imputación de manipulación del proceso para obtener provecho político, la Misión Especial ha sugerido al Gobierno que establezca un mecanismo que permita manejar el asunto en forma neutral y con independencia, por ejemplo asignándolo a una empresa de contabilidad internacional de buena reputación para que liquide las reclamaciones sobre la base de las recomendaciones del Consejo Consultivo de Indemnizaciones, dentro de un plazo breve que se daría a conocer.

Párrafo 4.a Publicar, dentro de los 60 días siguientes a la recepción del informe de la Comisión Investigadora, un informe del Ministerio de Justicia sobre las medidas tomadas respecto de las personas que se haya comprobado que estuvieron involucradas en los hechos del 17 de diciembre de 2001 y días siguientes;

El 11 de septiembre de 2002 el Gobierno de Haití publicó un informe del Ministerio de Justicia caracterizado como “preliminar”. En él se demostraba que el Gobierno había hecho muy poco para cumplir sus obligaciones. La Misión Especial hizo saber al Presidente de Haití el 3 de octubre que el Informe era inadecuado. El Presidente hizo hincapié en que se trataba de un documento preliminar y en que el Gobierno se proponía realizar pronto su seguimiento. La Misión destacó al Presidente la importancia de que se adoptaran medidas en este frente, por su valor intrínseco y por su pertinencia para el establecimiento de un CEP creíble.

A principios de noviembre el Ministerio de Justicia publicó otro informe (véase el Anexo B) en que demostraba que, entre tanto, se habían adoptado algunas medidas adicionales en Puerto Príncipe. En conjunto, las actividades realizadas en esta esfera han sido lentas y átonas, especialmente fuera de Puerto Príncipe, y no se había concluido ningún caso.

Párrafo 4.b Reforzar sus políticas y programas de desarme y, en este sentido, invitar a una cooperación activa de la comunidad internacional, por intermedio de la Misión Especial de la OEA, en la elaboración y puesta en práctica de un programa exhaustivo de desarme;

El 3 de octubre de 2002 la Misión Especial, aunque reconociendo que la responsabilidad fundamental del desarme recaía sobre el Gobierno, propuso al Presidente la creación de un equipo mixto (Gobierno/Misión Especial) para diseñar un Plan Nacional de Desarme y ejecutar el consiguiente programa nacional de desarme.

Desde entonces se han realizado esfuerzos tendientes a facilitar un diálogo entre el Gobierno y otros sectores de la sociedad haitiana para hacer frente a este problema clave. La Misión Especial realizó un seminario sobre desarme los días 28 y 29 de octubre de 2002 en Puerto Príncipe, con la cooperación y asistencia del PNUD, para crear conciencia sobre los efectos de la proliferación de armas en Haití y el hecho de que el consiguiente aumento de la violencia promovía la inseguridad y la ilegalidad en el país. El evento brindó también la oportunidad de que los haitianos escucharan la reseña de las enseñanzas acumuladas y las experiencias de expertos internacionales que han manejado programas de desarme en otros países, como Brasil, Bosnia, Albania y El Salvador. De los debates emanaron algunas recomendaciones que serán consideradas cuando se elabore el Plan Nacional de Desarme para Haití.

En el Informe del Gobierno del 4 de noviembre (Anexo B) se reseñan las medidas adoptadas por el Gobierno en sus campañas contra las armas ilegales y el narcotráfico. Como la fecha de recibo de ese documento coincidió con el final del período del informe, la Misión no ha podido realizar una verificación independiente de la información que aparece en el documento en relación con la recolección de armas, incluidas las abruptas variaciones de las cifras declaradas. El informe referente a cuestiones relativas a drogas coincide con la información con que cuenta la Misión.

Párrafo 4.c Implementar, en toda la extensión de su autoridad legal, todas las recomendaciones sobre derechos humanos y sobre la prensa consignadas en el informe de la Comisión Investigadora de los hechos del 17 de diciembre de 2001 y las demás recomendaciones del informe que, en todo o en parte, estén dirigidas al gobierno de Haití.

El Gobierno aún no ha cumplido las amplias obligaciones que le impone esa disposición.

Entre tanto, el panorama de los derechos humanos, en el período en cuestión, ha sido heterogéneo. Por un lado, el 19 de septiembre tuvieron lugar manifestaciones estudiantiles con respecto a la gestión realizada en la Universidad del Estado, sin incidentes y con apropiado acompañamiento policial, a diferencia de lo ocurrido en intentos anteriores. Hubo varios signos de mayor respaldo gubernamental para el sistema carcelario, inclusive en cuanto a la apremiante cuestión de los detenidos a la espera del juicio.

Por otra parte hubo un preocupante número de desapariciones no explicadas hasta ahora por la Policía, inclusive de dirigentes locales en Martissant en septiembre; dos miembros de un partido político de la oposición en octubre y un alto oficial de Policía del destacamento de seguridad del Palacio a fines de octubre, entre otras personas. También hubo casos muy publicitados de dificultades para el ejercicio del recurso constitucional de habeas corpus: por ejemplo los del ex Presidente Prosper Avril y de Rosemond Jean (portavoz de las víctimas del colapso financiero que afecta a las cooperativas de ahorro y préstamo); ambas personas permanecieron en prisión hasta el 4 de noviembre, no obstante las protestas referentes a su detención y los recursos judiciales interpuestos en su favor.

La preocupación por la situación de la libertad de prensa continuó en el período del informe. Una de las principales estaciones radiales de Puerto Príncipe, Radio Kiskeya, estuvo cerrada a fines de septiembre durante varios días, en virtud de lo que se describió como información sumamente fidedigna de que la estación sería atacada. Hubo una gran movilización de apoyo, incluidas visitas de autoridades públicas, y las amenazas no se concretaron. Otras radioemisoras también fueron amenazadas en ese período. Al mismo tiempo hubo un debate con participación del Presidente de Haití y otras personas, sobre la función y la responsabilidad de los periodistas. La Misión Especial se pronunció en varias ocasiones en defensa de la libertad de expresión, tal como lo había hecho el Relator Especial de la OEA el 4 de septiembre tras visitar el país, en agosto.

Párrafo 5.a El restablecimiento de un clima de seguridad;

Expresa o implícitamente, este compromiso ha sido un elemento esencial de todas las Resoluciones adoptadas sobre Haití a partir de agosto de 2000. No obstante, la situación global de seguridad no ha cambiado significativamente en los últimos meses, ni siquiera tras la aprobación de la Resolución 822. Por ejemplo, las cifras policiales con que cuenta la Misión indican que en el período comprendido entre junio y septiembre de 2002 el total de casos manejados siguió siendo bastante estable (variando entre 480 y 580 por mes); los asesinatos tendieron a aumentar (llegando a 38 en septiembre); otras agresiones y secuestros disminuyeron, pero el número de asaltos a mano armada se mantuvo estable.

Los problemas en cuestión provienen de: (a) las actividades de bandas y grupos armados, funcionarios e individuos privados, en algunos casos pertenecientes a grupos políticos; (b) el incremento del número de agentes de seguridad privados, debido a la percepción generalizada de que el Gobierno no está en condiciones de garantizar la seguridad y protección de todos sus ciudadanos; el alto nivel de delincuencia provocado por la situación socioeconómica imperante; (d) la impunidad atribuible a fallas del sistema judicial; (e) fallas de la Policía Nacional Haitiana, atribuidas a vacíos de liderazgo y gestión, insuficiencia e inadecuada capacitación de su personal, supuesta manipulación política y corrupción, y falta de material y equipos.

En los últimos meses se produjeron en Puerto Príncipe y sus suburbios, así como en otras ciudades y pueblos, numerosos y graves incidentes. Las quemas de cubiertas y los enfrentamientos locales – que suscitan muertes y otras perturbaciones-- son suficientemente frecuentes como para causar una comprensible preocupación a las personas comunes. En Gonaives, Cité Soleil y Martissant hubo confrontaciones en gran escala. Ha habido desapariciones de personas o amenazas. La Policía no ha recapturado a Amiot Métayer ni a la mayor parte de quienes huyeron con él de la cárcel el 2 de agosto (véase el tema de la impunidad en el párrafo 6, infra).

5b. El enjuiciamiento efectivo, y, cuando proceda, la destitución, de las personas, autores o cómplices, cuya participación en la violencia del 17 de diciembre de 2001 y días siguientes se haya comprobado;

Tal como surge del párrafo 4 (a), que antecede, no es mucho lo que se ha hecho en virtud de esa disposición. La fiscalía pública de Puerto Príncipe ha tratado de obtener información adicional del juez de instrucción. El informe del Gobierno del 4 de noviembre podría inducir a creer que los vacíos en el manejo de este asunto pueden causar demoras adicionales en el futuro. Salvo en lo referente a Puerto Príncipe, no hay informaciones dignas de mención en el período objeto del informe.

La Misión no tiene noticias de que, tras la adopción de la Resolución 822 y hasta la fecha, se hayan realizado arrestos o procesamientos efectivos de las personas mencionadas en el informe de la Comisión Investigadora por haber tomado parte en los actos de violencia del 17 de diciembre de 2001 y días subsiguientes.

Párrafo 5.c La conclusión de una investigación rigurosa de todos los crímenes políticamente motivados;

En el caso de Brignol Lindor se han tomado algunas medidas: culminó la etapa de investigación de los procedimientos y diez personas fueron acusadas por la comisión del delito. No obstante, representantes de Lindor han impugnado el auto de acusación del juez de instrucción. Si el progreso logrado hasta ahora sirve de indicio, el caso parece distar mucho de haber sido resuelto.

El Juez de Instrucción, Bernard St-Vil, actualmente encargado del caso de Jean Dominique y Jean Claude Louissaint, ha realizado algunas actuaciones judiciales a partir del 4 de septiembre, y conforme a lo establecido en el informe del Gobierno del 4 de noviembre, se propone completar su investigación en 2002. En consecuencia, el caso sigue sin resolverse dos años y medio después del asesinato del periodista..[3]^/

Salvo en el caso de Marc Ander Diogenes (ex Diputado de Fanmi Lavalas de la circunscripción de Gonaives), en que al parecer el juez de instrucción realizó ciertas actuaciones, no se ha comprobado la realización de ninguna medida concreta desde la adopción de la Resolución 822 con respecto a casi todos los casos similares de esa categoría, como los de la lista no exhaustiva siguiente que los líderes de la oposición presentaron al Presidente Aristide en una reunión que mantuvieron el 15 de junio de 2002 en la residencia del Nuncio Apostólico: Remy Darant, Mireille Durocher Bertin, el Pastor Antoine Leroy, Jacques Florival, Diputado Jean Gubert Feuillé, Senador Yvon Toussaint, Padre Jean Pierre-Louis, Coronel Jean Lamy, Coronel Max Mayard. La lista fue derivada al Ministerio de Justicia el 17 de junio de 2002.

Párrafo 5.d La pronta indemnización a las organizaciones y personas que hayan sufrido daños como resultado directo de la violencia del 17 de diciembre de 2001.

Este tema ha sido tratado en relación con el párrafo resolutivo 3, que antecede.

Párrafo 6 Instar al Gobierno de Haití a que, con objeto de establecer las condiciones para las elecciones que han de llevarse a cabo en 2003, renueve sus esfuerzos para asegurar un clima de seguridad y confianza, dentro de los parámetros trazados en el punto resolutivo 5 de la resolución AG/RES. 1841 (XXXII-O/02), teniendo en cuenta la necesidad de fortalecer la policía y las instituciones judiciales independientes como parte del esfuerzo renovado por combatir la impunidad, de acuerdo con lo estipulado en el punto 6 de la resolución AG/RES. 1841 (XXXII-O/02).

Con respecto al clima de seguridad, véase la Sección 5.a.

Policía: Con respecto a la Policía, véase también la Sección 5.a. La Misión Especial está realizando un aporte sustancial para la capacitación de la décimo cuarta promoción de nuevos reclutas, que agregaría más de 800 nuevos oficiales a los efectivos de la Policía Nacional de Haití. No obstante, es mucho más lo que se requiere para mejorar la institución de modo de enfrentar un clima de inseguridad que ha sido agravado por la violencia, vinculada en parte con actividad de bandas delictivas, tráfico de drogas y matonismo y criminalidad políticamente inspirada. Algunos de esos problemas han salido a luz en las últimas semanas en Martissant, Cité Soleil, Gonaives, Cap-Haitien y otras partes del país.

Las fallas de la Policía han quedado de manifiesto una vez más por el hecho de que la misma no ha podido resolver la desaparición de algunas personas o por lo menos ofrecer alguna explicación al respecto, lo que causa viva inquietud en la población.

Poder Judicial: El Ministro de Justicia renunció el 25 de septiembre, aparentemente debido a diversas dificultades. No obstante un promisorio plan de reforma preparado por el último Ministro de Justicia, no se han mitigado los frecuentemente mencionados problemas que afectan a la judicatura, tales como falta de independencia del Poder Judicial, impunidad, escaso acceso al sistema judicial, inadecuada capacitación y falta de recursos.

Impunidad: La incidencia de la impunidad ha sido mencionada como una grave falla en la administración de justicia en Haití, en especial en cuanto guarda relación con algunos asesinatos muy notorios, aparentemente motivados por razones políticas, ocurridos en los últimos años [cf. la lista no exhaustiva que figura en el párrafo 5 (c), que antecede]. La cuestión se ha visto agravada por la violenta fuga de Amiot Metayer de la prisión de Gonaives en agosto de 2002. La Comisión Investigadora concluyó que Metayer era el autor principal de los actos de violencia del 17 de diciembre de 2001. Al parecer vive callada pero abiertamente en Gonaives, lo que refuerza la impresión de que la Policía padece fallas estructurales, agravadas por indicios de tolerancia para con criminales sumamente notorios.

Párrafo 7.a La formación de un CEP autónomo, independiente, creíble y neutral, dentro de los dos meses siguientes a la adopción de esta resolución;

Conforme a lo dispuesto en la Parte IV del Proyecto de Acuerdo Provisional (PAP), incorporado por vía de referencia a la Resolución 822, nueve entidades haitianas debían proponer al Presidente de la República sendos candidatos al Consejo.

Aparentemente dos de esas entidades --el partido de Gobierno, Fanmi Lavalas, y el Poder Judicial-- habían remitido nombres al Presidente, de personas que no eran cuestionadas dentro de sus filas. El principal partido de oposición, Convergencia Democrática, sostuvo el 4 de noviembre que el Gobierno no había cumplido la obligación que le imponía la Resolución 822, y por lo tanto no presentó su candidato.