CONVENCION INTERNACIONAL CONTRA LA TOMA DE REHENES.

Trigésimo cuarto período de sesiones

Tema 113 del programa

RESOLUCION APROBADA POR LA ASAMBLEA GENERAL

(Sobre la base del informe de la Sexta Comisión (A/34/819)

34/146. Convención internacional contra la toma de rehenes

La Asamblea General,

Considerando que el desarrollo progresivo del derecho internacional y su codificación contribuyen a la realización de los propósitos y principios establecidos en los Artículos 1 y 2 de la Carta de las Naciones Unidas.

Consciente de la necesidad de concertar, con los auspicios de las Naciones Unidas, una convención internacional contra la toma de rehenes,

Recordando su resolución 31/103 de 15 de diciembre de 1976, por la que estableció el Comité ad hoc para la elaboración de una convención internacional contra la toma de rehenes y le pidió que elaborara lo antes posible una convención internacional contra la toma de rehenes,

Recordando asimismo sus resoluciones 32/ 148 de 16 de diciembre de 1977 y 33/19 de 29 de noviembre de 1978,

Habiendo examinado el proyecto de convención preparado por el Comité ad hoc en cumplimiento de las resoluciones citadas (1).

Aprueba y abre a la firma y ratificación o a la adhesión la Convención internacional contra la toma de rehenes cuyo texto figura anexo a la presente resolución.

105ª sesión plenaria
17 de diciembre de 1979

Convención internacional contra la toma de rehenes

Los Estados Partes en la presente Convención,

Teniendo presente los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas relativos al mantenimiento de la paz y la seguridad internacinales y al fomento de las relaciones de amistad y cooperación entre los Estado,

Reconociendo en particular que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de la persona, como se establece en la Declaración Universal de Derechos Humanos (2) y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (3).

Reafirmando el principio de la igualdad de derechos y de la libre determinación de los pueblos consagrados en la carta de las Naciones Unidas y en la Declaración sobre los principios de derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas (4) y en otras resoluciones pertinentes de la Asamblea General,

Considerando que la toma de rehenes es un delito que preocupa gravemente a la comunidad internacional y que, en conformidad con las disposiciones de esta Convención, toda persona que cometa dicho delito deberá ser sometida a juicio o sujeta a extradición,

Convencidos de que existe una necesidad urgente de fomentar la cooperación internacional entre los Estados con miras a elaborar y adoptar medidas eficaces para la prevención, el enjuiciamiento y el castigo de todos los actos de toma de rehenes como manifestaciones del terrorismo internacional,

Han convenido en lo siguiente:

ARTICULO 1

1. Toda persona que se apodere de otra (que en adelante se denominará "el rehén") o la detenga, y amenace con matarla, herirla o mantenerla detenida a fin de obligar a un tercero, a saber , un Estado, una organización internacional intergubernamental, una persona natural o jurídica o un grupo de personas, a una acción u omisión como condición explícita o implícita para la liberación del rehén, comete el delito de toma de rehenes en el sentido de la presente Convención.

2. Toda persona que:

a) Intente cometer una acto de toma de rehenes, o

b) Participe como cómplice de otra persona que cometa o intente cometer un acto de toma de rehenes

comete igualmente un delito en el sentido de la presente Convención.

ARTICULO 2

Cada Estado Parte establecerá, para los delitos previstos en el artículo 1, penas adecuadas que tengan en cuenta el carácter grave de los mismos.

ARTICULO 3

1. El Estado Parte en cuyo territorio el delincuente tenga detenido el rehén adoptará todas las medidas que considere apropiadas para aliviar la situación del mismo, en particular para asegurar su liberación y, una vez que haya sido liberado, para facilitar, cuando proceda, su salida del país.

2. Si llegare a poder de un Estado Parte cualquier objeto que el delincuente hubiera obtenido como resultado de la toma de rehenes, ese Estado parte lo devolverá lo antes posible al rehén o al tercero mencioando en el artículo 1, según proceda, o a sus autoridades competentes.

ARTICULO 4

Los Estados partes cooperarán en la prevención de los delitos previstos en el artículo 1, en particular:

a) Adoptando todas las medidas factibles a fin de impedir que se prepare en sus respectivos territorios la comisión de tales delitos tanto dentro como fuera de ellos, en particular medidas para prohibir en los mismos las actividades ilegales de personas, grupos u organizaciones que alienten, instiguen, organicen o cometan actos de toma de rehenes;

b) Intercambiando información y coordinando la adopción de medidas administrativas y de otra índole, según proceda, para impedir que se cometan esos delitos.

ARTICULO 5

1. Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias para establecer sus jurisdicción sobre los delitos previstos en el artículo 1 que se cometan:

a) En su territorio o a bordo de un barco o de una aeronave matrículados en ese Estado;

b) Por sus nacionales, o por personas apátridas que residan habitualmente en su territorio si, en este último caso, ese Estado lo considera apropiado;

c) Con el fin de obligar a ese Estado a una acción u omisión; o

d) Respecto de un rehén que sea nacional de ese Estado, si este último lo considera apropiado.

2. Cada Estado Parte adoptará asimismo las medidas que sean necesarias para establecer su jurisdicción respecto de los delitos previstos en el artículo 1 en el caso de que el presunto delincuente se encuentre en su territorio y dicho Estado no acceda a conceder su extradición a ninguno de los estados mencionados en el párrafo 1 del presente artículo.

3. La presente Convención no excluye ninguna jurisdicción criminal ejercida de conformidad con el derecho interno.

ARTICULO 6

1. Si considera que las circunstancias lo justifican, todo Estado Parte en cuyo territorio, se encuentre el presunto delincuente procederá, de conformidad con su legislación, a su detención o tomará otras medidas para asegurar su presencia por el período que sea necesario a fin de permitir la iniciación de un procedimiento penal o de extradición. Ese Estado Parte procederá inmediatamente a una investigación preliminar de los hechos.

2. La detención y las otras medidas a que se refiere el párrafo 1 del presente artículo serán notificadas sin demora, directamente o por conducto del Secretario General de las Naciones Unidas:

a) Al estado en cuyo territorio se haya cometido el delito;

b) Al Estado contra el cual haya sido dirigida o intentada la coacción;

c) Al Estado del que sea nacional la persona natural o jurídica contra la cual haya sido dirigida o intentada la coacción;

d) Al Estado del cual sea nacional el rehén o en cuyo territorio tenga su residencia habitual;

e) Al Estado del cual sea nacional el presunto delincuente o, si éste es apátrida, al Estado en cuyo territorio tenga su residencia habitual;

f) A la organización internacional intergubernamental contra la cual se haya dirigido o intentado la coacción;

g) A todos los demás Estados interesados.

3. Toda persona respecto de la cual se adopten las medidas mencionadas en el párrafo 1 del presente artículo tendrá derecho:

a) A ponerse sin demora en comunicación con el representante competente más próximo del Estado del que sea nacional o de aquél al que, por otras razones, competa el establecimiento de esa comunicación o, si se trata de una persona apátrida, del Estado en cuyo territorio tenga su residencia habitual;

b) A ser visitada por un representate de ese Estado.

4. Los derechos a que se hace referencia en el párrafo 3 del presente artículo se ejercerán de conformidad con las leyes y reglamentaciones del Estado en cuyo territorio se encuentre el presunto delincuente, a condición, sin embargo, de que esas leyes y reglamentaciones permitan que se cumplan cabalmente los propósitos a que obedecen los derechos concedidos en virtud del párrafo 3 del presente artículo.

5. Lo dispuesto en los párrafos 3 y 4 del presente artículo se entenderá sin perjuicio del derecho de todo Estado, que con arreglo al inciso b) del párrafo 1 del artículo 5 pueda hacer valer sus jurisdicción, a invitar al Comité Internacional de la Cruz Roja a ponerse en comunicación con el presunto delincuente y visitarlo.

6. El Estado que proceda a la investigación preliminar prevista en el párrafo 1 del presente artículo comunicará sin dilación sus resultados a los Estados u organización mencionados en el párrafo 2 del presente artículo e indicará si se propone ejercer su jurisdicción.

ARTICULO 7

El Estado Parte en que se entable una acción penal contra el presunto delincuente comunicará, de conformidad con su legislación, el resultado final de esa acción al Secretario General de las Naciones Unidas, quien transmitirá la información a los demás Estados Interesados y a las organizaciones internacionales intergubernamentales pertinentes.

ARTICULO 8

1. El Estado Parte en cuyo territorio sea hallado el presunto delincuente, si no concede su extradición, estará obligado a someter el caso a las autoridades competentes a efectos de enjuiciamiento, sin excepción alguna y con independencia de que el delito haya sido o no cometido en su territorio, según el procedimiento previsto en la legislación de ese Estado. Dichas autoridades tomarán su decisión en las mismas condiciones que las aplicables a los delitos comunes de carácter grave de acuerdo con el derecho de tal Estado.

2. Toda persona respecto de la cual se entable un procedimiento en relación con cualquiera de los delitos previstos en el artículo 1 gozará de las garantías de un trato equitativo en todas las fases del procedimiento, incluido el goce de todos los derechos y garantías previstos en el derecho del Estado en cuyo territorio se encuentre.

ARTICULO 9

1. No se accederá a la solicitud de extradición de un presunto delincuente, de conformidad con la presente Convención, si el Estado Parte al que se presenta la solicitud tiene motivos fundados para creer:

a) Que la solicitud de extradición por un delito mencionado en el artículo 1 se ha hecho con el fin de perseguir o castigar a una persona por causa de su raza, religión, nacionalidad, origen étnico u opinión política; o

b) Que la posición de esas personas puede verse perjudicada:

i) Por alguna de las razones mencionadas en el inciso a) del presente párrafo, o

ii) Porque las autoridades competentes del Estado que esté facultado para ejercer derechos de protección no pueden comunicarse con ella.

2. Con respecto a los delitos definidos en la presente Convención, las disposiciones de todos los tratados y acuerdos de extradición aplicables entre Estados Partes quedan modificacadas en lo que afecte a los Estados Partes en la medida en que sean incompatibles con la presente Convención.

ARTICULO 10

1. Los delitos previstos en el artículo 1 se considerarán incluidos entre los delitos que dan lugar a extradición en todo tratado de extradición celebrado entre Estados Partes. Los Estados Partes se comprometen a incluir tales delitos como casos de extradición en todo tratado de extradición que celebren entre sí en el futuro.

2. Si un Estado Parte que subordine la extradición a la existencia de un tratado recibe de otro Estado Parte, con el que no tiene tratado, una solicitud de extradición, podrá discrecionalmente considerar la presente Convención como la base jurídica necesaria para la extradición con respecto a los delitos previstos en el artículo 1. La Extradición estará sujeta a las demás condiciones exigidas por el derecho del Estado al que se ha hecho la solicitud.

3. Los Estados Partes que no subordinen la extradición a la existencia de un tratado reconocerán los delitos previstos en el artículo 1 como casos de extradición entre ellos, con sujeción a las condiciones exigidas por el derecho del Estado al que se ha hecho la solicitud.

4. A los fines de la extradición entre Estados Partes, se considerará que los delitos previstos en el artículo 1 se han cometido no sólo en el lugar donde ocurrieron sino también en el territorio de los Estados obligados a establecer su jurisdicción de acuerdo con el párrafo 1 del artículo 5.

ARTICULO 11

1. Los Estados Partes se prestarán la mayor ayuda posible en relación con todo proceso penal respecto de los delitos previstos en el artículo 1, incluso el suministro de todas las pruebas necesarias para el proceso que obren en su poder.

2. Las disposiciones del párrafo 1 del presente artículo no afectarán las obligaciones de ayuda judicial mutua estipuladas en cualquier otro tratado.

ARTICULO 12

Siempre que los Convenios de Ginebra de 1949 relativos a la protección de las víctimas de la guerra (5) o los Protocolos adicionales a esos Convenios sean aplicables a un acto determinado de toma de rehenes y que los Estados Partes en la presente Convención estén obligados en virtud de esos Convenios a procesar o entregar al autor de la toma de rehenes, la presente Convención no se aplicará a un acto de toma de rehenes cometido durante conflictos armados tal como están definidos en los Convenios de Ginebra de 1949 y en sus Protocolos, en particular los conflictos armados mencionados en el párrafo 4 del artículo 1 del Protocolo I de 1977 (6), en que los pueblos luchan contra la dominación colonial y la ocupación extranjera y contar los regímenes racistas en el ejercicio de su derecho a la libre determinación, consagrado en la Carta de las Naciones Unidas y en la Declaración sobre los principios de derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas.

ARTICULO 13

La presente Convención no será aplicable en el caso de que el delito haya sido cometido dentro de un solo Estado, el rehén y el presunto delincuente sean nacionales de dicho Estado y el presunto delincuente sea hallado en el territorio de ese Estado.

ARTICULO 14

Ninguna de las disposiciones de la presente Convención se interpretará de modo que justifique la violación de la integridad territorial o de la independencia política de un Estado, en contravención de lo dispuesto en la Carta de las Naciones Unidas.

ARTICULO 15

Las disposiciones de esta Convención no afectarán la aplicación de los tratados sobre asilo, vigentes en la fecha de la adopción de esta Convención, en lo que concierne a los Estados que son partes en esos tratados; sin embargo, un Estado Parte en esta Convención no podrá invocar esos tratados con respecto a otro Estado Parte en esta Convención que no sea parte en esos tratados.

ARTICULO 16

1. Toda controversia que surja entre dos o más Estados Partes con respecto a la interpretación o aplicación de la presente Convención que no se solucione mediante negociaciones se sometará al arbitraje a petición de uno de ellos. Si en el plazo de seis meses contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud de arbitraje las partes no consiguen ponerse de acuerdo sobre la forma del mismo, cualquiera de las partes podrá someter la controversia a la Corte Internacional de Justicia, mediante una solicitud presentada de conformidad con el Estatuto de la Corte.

2. Todo Estado, en el momento de la firma o ratificación de la presente Convención o de su adhesión a ella, podrá declarar que no se considera obligado por el párrafo 1 de este artículo. Los demás Estados Partes no estarán obligados por lo dispuesto en el párrafo 1 de este artículo respecto de ningún Estado Parte que haya formulado esa reserva.

3. Todo Estado Parte que haya formulado la reserva prevista en el párrafo 2 de este artículo podrá retirarla en cualquier momento mediante una notificación al Secretario General de las Naciones Unidas.

ARTICULO 17

1. La presente Convención está abierta a la firma de todos los Estados hasta el 31 de diciembre de 1980, en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York.

2. La presente Convención está sujeta a ratificación. Los instrumentos de ratificación serán depositados en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.

3. La presente Convención está abierta a la adhesión de cualquier Estado. Los instrumentos de adhesión serán depositados en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.

ARTICULO 18

1. La presente Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha de depósito del vigésimo segundo instrumento de ratificación o adhesión en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.

2. Para cada uno de los Estados que ratifiquen la Convención o se adhieran a ella después del depósito del vigésimo segundo instrumento de ratificación o adhesión, la Convención entrará en vigor el trigémismo día a partir de la fecha en que dicho Estado haya depositado su instrumento de ratificación o adhesión.

ARTICULO 19

1. Todo Estado Parte podrá denunciar la presente Convención mediante notificación por escrito dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas.

2. La denuncia surtirá efecto un año después de la fecha en que el Secretario General de las Naciones Unidas reciba la notificación.

ARTICULO 20

El original de la presente Convención, cuyos textos en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso son igualmente auténticos, será depositado en poder del Secretario General de las Naciones Unidas, que enviará copias certificadas de él a todos los Estados.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, los infrascritos, debidamente autorizados por sus respectivos gobiernos, han firmado la presente Convención, abierta a la firma en Nueva York, el (7).

NOTA: A CONTINUACION SE DESCRIBE CADA UNA DE LAS LLAMADAS QUE APARECEN MENCIONADAS DENTRO DE DICHA LEY.

(1) Documentos Oficiales de la Asamblea General, trigésimo cuarto período de sesiones, Suplemento Nº 39 (A/34/39), sec. IV. 80-02047.

(2) Resolución 217 A (III) de la Asamblea General.

(3) Resolución 2200 A (XXI) de la Asamblea General, anexo.

(4) Resolución 2625 (XXV) de la Asamblea General, anexo.

(5) Naciones Unidas, recuel de traités, vol. 75, Nos. 970 a 973.

(6) A/32/144, anexo I.

(7) La Convención quedó abierta a la firma el 18 de diciembre de 1979.

Acuerdo Nº 442.

San Salvador, 24 de junio de 1980.

El Poder Ejecutivo ACUERDA: 1º Aprobar el texto de la Convención Internacional contra la Toma de Rehenes, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 17 de diciembre de 1979 durante su trigémismo cuarto período ordinario de sesiones, compuesta de un preámbulo y de viente artículos, haciéndose reserva de aplicación de lo prescrito en el párrafo primero del Art. 16 de dicha Convención, la cual fue firmada en representación de El Salvador por el Representante Permanente ante las Naciones Unidas, embajador Mauricio Rosales Rivera, en Nueva York, N. Y., Estados Unidos de América, el 10 de junio de 1980, quien fue debidamente autorizado para tal efecto; y 2º Someter la Convención en referencia a ratificación de la Honorable Junta Revolucionaria de Gobierno, con recomendación de que previamente sea oída la opinión de la Honorable Corte Suprema de Justicia.- Comuníquese. (Rubricado por los señores Miembros de la Junta Revolucionaria de Gobierno). El Ministro de Relaciones Exteriores, CHAVEZ MENA.

DECRETO Nº 467.

LA JUNTA REVOLUCIONARIA DE GOBIERNO,

CONSIDERANDO:

I. Que el Poder Ejecutivo, mediante Acuerdo Nº 442, de fecha 24 de junio del presente año, emitido en el Ministerio de Relaciones exteriores, aprobó la Convención Internacional contra la Toma de Rehenes, compuesta de un Preámbulo y de viente artículos, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 17 de diciembre de 1979, la cual firmó en representación de El Salvador el Representante Permanente ante las Naciones Unidas, Embajador Mauricio Rosales Rivera, el 10 de junio de 1980, estableciéndose en el citado Acuerdo que El Salvador hace reserva de aplicación de lo previsto en el párrafo primero del Art. 16 de la aludida Convención;

II. Que El Salvador, como Estado miembro de las Naciones Unidas, debe contribuir a los esfuerzos que se realizan a nivel mundial para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, así como en lo que se refiere al fomento de las relaciones de amistad y cooperación entre los Estados;

III. Que El Salvador, asimismo, en su legislación interna posee disposiciones que garantizan que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona, y que tal derecho, en el seno de la comunidad internacional, lo ha reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos;

IV. Que la toma de rehenes constituye un delito que en los últimos tiempos ha afectado las relaciones entre los Estados al extremo de que la Asamblea General de las Naciones Unidas se ha visto en la necesidad de elaborar y adoptar las medidas relativas a la prevención, al enjuiciamiento y al castigo de todos los actos de toma de rehenes como manifestaciones del terrorismo internacional, como está prescrito en la Convención Internacional contra la Toma de Rehenes;

V. Que con excepción de lo expresado en la parte final del Considerando I, la Convención en referencia no contiene disposiciones que se opongan a la Constitución Política de El Salvador;

POR TANTO,

a solicitud del Ministro de Relaciones Exteriores, oída la opinión de la Corte Suprema de Justicia y en uso de las facultades que le confiere el Decreto Nº 1, de 15 de octubre de 1979, publicado en el Diario Oficial Nº 191, Tomo 265, de la misma fecha,

DECRETA:

Art. 1.- Ratifícase la Convención Internacional contra la Toma de Rehenes,compuesta de un preámbulo y de veinte artículos, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 17 de diciembre de 1979 y firmada en representación de El Salvador por el Representante Permanente ante las Naciones Unidas, Embajador Doctor Mauricio Rosales Rivera, en Nueva York, N. Y. Estados Unidos de América, el 10 de junio de 1980, dejándose constancia de que El Salvador hace reserva de aplicación de lo previsto en el párrafo primero del Art. 16 de dicha Convención.

Art. 2.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial.

DADO EN CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a los seis días del mes de noviembre de mil novecientos ochenta.

Cnel. DEM. Adolfo Arnoldo Majano Ramos.

Cnel. e Ing. Jaime Abdul Gutiérrez.

Dr. José Antonio Morales Ehrlich.

Dr. José Ramón Avalos Navarrete,

Ing. José Napoleón Duarte.

Dr. Fidel Chávez Mena,
Ministro de Relaciones Exteriores.

D. Ley No. 467 (Ratificación) del 6 de noviembre de 1980, Publicado en el Diario Oficial No. 217, Tomo 269, del 18 de noviembre de 1980.

 

Nombre :         CONVENCION INTERNACIONAL CONTRA LA TOMA DE REHENES.   Materia : Derechos Humanos                           Naturaleza : Decreto Legislativo Tipo / Documento : Convención Multilateral                                                        Reserva : Si Organismo Internacional de Origen : ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS Fecha de: 06/10/80                                              Estado : Vigente   Fecha de Ratificación : 11/06/80                       Diario Oficial : 217   Tomo : 269                                                     Publicación DO : 11/18/80   Modificaciones : Comentarios : LA PRESENTE CONVENCION TIENE COMO PROPOSITO EL MANTENIMIENTO DE LA PAZ, LA SEGURIDAD Y COOPERACION INTERNACIONAL, A TRAVES DEL FOMENTO DE LA COOPERACION INTERNACIONAL ENTRE LOS ESTADOS CON MIRAS A ELABORAR Y ADOPTAR MEDIDAS EFICACES PARA LA PREVENCION, EL ENJUICIAMIENTO Y EL CASTIGO DE TODOS LOS ACTOS DE TOMA DE REHENES COMO MANIFESTACIONES DEL TERRORISMO INTERNACIONAL.- L.B. Actualizado: Si                                                Confrontado: