PODER LEGISLATIVO
LEY

N º 7995
(Publicada en La Gaceta del 05 de abril de 2000)

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA
DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

Decreta:

APROBACIÓN DEL CONVENIO PARA COMBATIR EL USO INDEBIDO, LA PRODUCCIÓN Y EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS ENTRE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA Y LA REPÚBLICA DEL PERÚ

Artículo 1 º -Apruébase, en cada una de las partes, el Convenio para combatir el uso indebido, la producción y el tráfico ilícito de drogas entre la República de Costa Rica y la República del Perú, suscrito el 21 de julio de 1999.

El texto es el siguiente:

"CONVENIO PARA COMBATIR EL USO INDEBIDO,
LA PRODUCCIÓN Y EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS
ENTRE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
Y LA REPÚBLICA DEL PERÚ

El Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de la República de Costa Rica;

CONSCIENTES de que la producción, transformación, comercialización y consumo indebido de drogas constituyen un problema que afecta a la humanidad en general y a ambos países en particular;

RECONOCIENDO que los distintos aspectos de la problemática de las drogas tienden a poner en peligro la salud de sus respectivas poblaciones, socavar sus economías en detrimento de su desarrollo y atenta contra la seguridad e intereses esenciales de ambos países;

INTERESADOS en fomentar la cooperación para prevenir y combatir el tráfico ilícito y el consumo indebido de drogas, así como los delitos conexos, mediante la armonización de políticas y la ejecución de programas concretos, que contemplen la adopción de medidas que permitan una comunicación directa y un eficiente intercambio de información entre los organismos competentes de ambos Estados;

CONSIDERANDO que desde hace algún tiempo se han establecido contactos entre los dos Gobiernos con el fin de establecer mecanismos de cooperación bilateral para prevenir y combatir la producción, el tráfico ilícito y el consumo indebido de drogas, así como sus actividades delictivas conexas;

ANIMADOS por el objetivo de que la cooperación a la que se refiere el presente Convenio complemente lo que ambas Partes se brindarán en cumplimiento de las obligaciones internacionales conforme a la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, adoptada en Viena el 20 de diciembre de 1988, el Programa Mundial de Acción de las Naciones Unidas aprobado por la Asamblea General en 1990, y por los avances conceptuales alcanzados en el tratamiento del tema a nivel regional en la Declaración de Principios y el Plan de Acción de la Cumbre de las Américas de Miami, así como en el ámbito de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD);

Resuelven suscribir el siguiente Convenio:

ARTÍCULO I

El objetivo del presente Convenio constituye el compromiso de emprender esfuerzos conjuntos entre los Gobiernos del Perú y de Costa Rica, que en adelante se denominarán "Partes Contratantes", a fin de armonizar políticas y realizar programas específicos para prevenir y controlar con mayor eficacia la producción y el tráfico ilícito, y el consumo indebido de drogas, así como los delitos conexos.

Las Partes Contratantes cumplirán sus obligaciones derivadas del presente Convenio conforme a los principios del Derecho Internacional y, en particular a los de autodeterminación, no intervención en asuntos internos, igualdad jurídica y respeto a la integridad territorial de los Estados y en consideración de las normas constitucionales, legales y administrativas vigentes en cada país.

Una Parte no ejercerá en el territorio de la otra Parte competencias ni funciones que correspondan a las autoridades de esa otra Parte por razones de soberanía y derecho interno.

ARTÍCULO II

Para los efectos del presente Convenio, se entiende por "Servicios Nacionales Competentes" a los organismos oficiales encargados en el territorio de cada una de las Partes Contratantes del planeamiento y ejecución de la política nacional de lucha contra las drogas, que por la República de Costa Rica serán el Centro de Inteligencia Conjunto Antidrogas (CICAD) y el Centro Nacional de Prevención de Drogas (CENADRO), y por la República del Perú será la Comisión de Lucha Contra el Consumo de Drogas (CONTRADROGAS).

ARTÍCULO III

Para el logro de los objetivos del presente Convenio, las Partes Contratantes a través de sus respectivos Servicios Nacionales Competentes, desarrollarán acciones conjuntas y acciones recíprocas.

Las acciones conjuntas serán aquellas que las Partes Contratantes ejecutarán en forma coordinada, con participación de miembros de sus Servicios Nacionales Competentes, tanto en el proceso de formulación como en el de aplicación de las medidas previamente acordadas, que siempre se realizarán respetando la soberanía de ambos países.

Las acciones recíprocas serán aquellas que las Partes Contratantes se deberán prestar mutuamente a solicitud de la otra, procurando un procedimiento expeditivo y una comunicación fluida entre los Servicios Nacionales Competentes de conformidad con sus legislaciones internas y las disposiciones de las autoridades pertinentes de cada país, así como con los convenios internacionales en los cuales ambos Estados sean parte.

ARTÍCULO IV

Las Partes Contratantes, de conformidad con la legislación interna de cada una de ellas acuerdan realizar las siguientes acciones conjuntas:

a) Coordinar y formular estrategias para la prevención, control y represión de la producción y tráfico de estupefacientes, sustancias sicotrópicas y demás drogas ilícitas y sus actividades delictivas conexas, así como de los precursores e insumos químicos frecuentemente utilizados en su elaboración;

b) Coordinar y formular estrategias conjuntas con fundamento en las condiciones, necesidades y realidades particulares de cada uno de los Países Contratantes para la prevención y control de la producción y tráfico de insumos naturales, otorgando prioridad a la estrategia de desarrollo alternativo, y tomando las medidas requeridas para satisfacer el consumo lícito con fines médicos, científicos, industriales y comerciales;

c) Coordinar y formular estrategias conjuntas para la prevención del consumo indebido de drogas lícitas e ilícitas y el tratamiento y rehabilitación de drogodependientes y toxicómanos;

d) Procurar la armonización de sus normas y procedimientos judiciales en la materia, en la medida que lo permitan sus ordenamientos jurídicos internos, particularmente en lo relacionado a la extradición de enjuiciados y condenados por tráfico ilícito de drogas y delitos conexos;

e) Coordinar posiciones y aunar criterios sobre el enfoque y tratamiento del tema en los foros internacionales pertinentes;

f) Promover la aplicación y ejecución de los diferentes instrumentos internacionales vigentes sobre la materia, de los cuales ambas Partes contratantes son suscriptores;

g) Establecer los procedimientos y mecanismos internos necesarios que permitan una adecuada ejecución de los compromisos adquiridos conforme al presente Convenio.

ARTÍCULO V

Las Partes Contratantes, a solicitud de una de ellas, acuerdan prestarse acciones recíprocas tanto de intercambio de información o personal para capacitación, como de asistencia mutua técnica o científica, en las siguientes áreas:

a) Programas nacionales en materia de drogas, legislación y jurisprudencia en el tema, así como sentencias condenatorias dictadas contra narcotraficantes y autores de delitos conexos;

b) Identificación de productores, proveedores y traficantes individuales o asociados, y sus métodos de acción, así como los antecedentes policiales y judiciales que posean sobre narcotraficantes y autores de delitos conexos;

c) Detección y eventual detención de buques, aeronaves y otros medios sospechosos de transportar ilícitamente drogas o sus materias primas, a fin de que las autoridades nacionales pertinentes puedan adoptar las medidas que consideran necesarias, de acuerdo con las disposiciones internacionales y sus legislaciones internas;

d) Estudio y evaluación de la situación y tendencias internas de consumo indebido, así como de medidas de prevención aplicadas en sus respectivos territorios;

e) Entrenamiento y capacitación del personal de los organismos técnicos especializados del otro país, con el fin de lograr el mejoramiento de su participación en la prevención y la lucha contra el tráfico y consumo ilícitos de drogas en sus respectivos territorios;

f) Importación y exportación entre las Partes Contratantes de insumos naturales y precursores químicos frecuentemente utilizados en la fabricación de drogas;

g) Desvío para usos ilícitos de precursores e insumos químicos frecuentemente utilizados para la fabricación ilícita de drogas, rutas de comercialización y modus operandi de su tráfico;

h) Lavado de dinero, así como la adquisición, posesión y transferencia de bienes, derivados de la producción y tráfico ilícitos de drogas o de sus materias primas;

i) Trámite de exhortos y rogatorios librados por autoridades judiciales dentro de los procesos contra traficantes individuales o asociados o contra cualquiera que viole las leyes que combaten la producción y tráfico ilícito o el consumo indebido de drogas;

j) Comunicación de sentencias ejecutorias dictadas por la autoridad competente en los casos de delito de tráfico ilícitos de drogas, cuando ellas se refieran a nacionales de la otra Parte.

Las informaciones que recíprocamente se proporcionen las Partes Contratantes en virtud de lo señalado en el presente artículo, deberán contenerse en documentos oficiales de los respectivos Servicios Nacionales Competentes, los que tendrán carácter reservado y no serán destinados a la publicidad.

ARTÍCULO VI

Para efectos de alcanzar los objetivos establecidos en el presente Convenio, las Partes acuerdan establecer la Comisión Mixta Peruano-Costarricense de Lucha contra las Drogas.

La Comisión Mixta estará integrada por funcionarios de los Servicios Nacionales Competentes, quienes tendrán carácter tanto operativo como consultivo. Asimismo, formará parte de la Comisión Mixta un representante de los respectivos Ministerios de Relaciones Exteriores.

La Comisión Mixta tendrá las siguientes facultades:

a) Recomendar a sus Gobiernos respecto de la manera más eficaz en que pueden prestarse cooperación, para dar pleno efecto a las obligaciones asumidas por el presente Convenio;

b) Evaluar el cumplimiento de tales acciones y formular políticas y estrategias conjuntas para prevenir y combatir la producción y el tráfico ilícito, y el consumo indebido de drogas;

c) Elaborar su propio reglamento;

d) Proponer a sus respectivos Gobiernos las recomendaciones que considere pertinentes para la mejor aplicación del presente Convenio;

e) La Comisión elaborará un Informe Anual sobre la aplicación del presente Convenio, que será elevado al conocimiento de los Gobiernos de las Partes, el cual recogerá el estado de la cooperación entre las mismas,

f) Crear Subcomisiones Mixtas para el mejor desempeño de sus funciones.

Las Partes convienen en que los Informes Anuales, emitidos por la Comisión Mixta, constituirán la base conjunta sobre la cual sus respectivos Gobiernos actuarán individual, bilateral y multilateralmente, en materia de evaluación de los esfuerzos de las Partes en las tareas de prevención y de lucha contra el tráfico ilícito y el consumo indebido de drogas, utilizando dichos informes frente a sus propias autoridades nacionales competentes, en su relación mutua y en foros internacionales.

La Comisión Mixta celebrará anualmente una reunión en forma alternada en el Perú y en Costa Rica, para consultas e intercambio de informaciones y evaluación de los resultados obtenidos en la prevención y el combate contra el tráfico ilícito y el consumo indebido de drogas.

Las reuniones serán convocadas y coordinadas por los Ministerios de Relaciones Exteriores de ambas Partes; sin perjuicio de que en caso necesario, se puedan convocar Reuniones Extraordinarias por la vía diplomática.

ARTÍCULO VII

El presente Convenio podrá ser modificado por acuerdo entre las Partes y las modificaciones se formalizarán mediante el canje de Notas Diplomáticas.

Estas modificaciones se someterán en cada país a los trámites de aprobación internos correspondientes.

ARTÍCULO VIII

El presente Convenio entrará en vigencia en la fecha de la última notificación en que cada una de las Partes Contratantes comunique a la otra que los ha aprobado de acuerdo con su legislación interna.

El presente Convenio tendrá una vigencia de dos años, prorrogables automáticamente en períodos iguales, a menos que una de las Partes lo denuncie por la vía diplomática. La denuncia surtirá efecto transcurridos noventa días a partir de la fecha de la notificación correspondiente.

Los suscritos debidamente autorizados para el efecto, firman el presente Convenio, en la ciudad de San José, Costa Rica, a los veintiún días del mes de julio del año mil novecientos noventa y nueve, en dos ejemplares, en idioma español, siendo ambos textos igualmente auténticos.

POR EL GOBIERNO DEL PERÚ              POR EL GOBIERNO DE COSTA RICA
Alberto Varillas Montenegro                         Roberto Rojas
EMBAJADOR                                           MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

Artículo 2 º -La República de Costa Rica interpreta que las obligaciones inherentes a este Tratado en materia de acciones recíprocas, estarán limitadas por el principio constitucional de separación de Poderes, contenido en el artículo 9 de su Constitución Política.

Rige a partir de su publicación.

Comunícase al Poder Ejecutivo

Asamblea Legislativa.-San José, al primer día del mes de marzo del año dos mil.-Carlos Vargas Pagán, Presidente.-Manuel Antonio Bolaños Salas, Primer Secretario.-Rafael Ángel Villalta Loaiza, Segundo Secretario.

Dado en la Presidencia de la República.-San José, a los catorce días del mes de marzo del año dos mil.

Ejecútese y publíquese

MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ ECHEVERRIA.-El Ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Roberto Rojas López.-1 vez.-(Solicitud N º 18292 RE).-C-50550.-(19633).