LA APLICACIÓN DE LA LEY
La organización judicial
En Canadá, la Constitución
distribuye los poderes relativos al sistema judicial entre el
gobierno federal y los gobiernos provinciales.
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El gobierno federal, por su parte, tiene
competencia exclusiva para nombrar y pagar a los jueces de las
cortes superiores en cada provincia. El Parlamento tiene igualmente
el poder de crear una corte general de apelaciones y de establecer
tribunales adicionales para la mejor administración de las
leyes de Canadá; es en virtud de este poder que el
Parlamento ha creado la Corte Suprema de Canadá, la Corte
Federal de Canadá y la Corte Canadiense de Impuestos.
Además, el Parlamento tiene, en el marco de su competencia
en materia penal, la competencia exclusiva en materia de
procedimiento penal. La competencia del gobierno federal en materia
de derecho penal y de procedimiento penal asegura el tratamiento
justo y uniforme de los delincuentes en todo el país.
Las causas civiles y las causas penales
Ya se ha descrito la diferencia entre el derecho Aprivado" y el
derecho "público". Conviene también establecer una
distinción entre las causas "civiles" y las causas
"penales". Una causa "civil" es una causa "privada", es decir un
litigio entre dos particulares. En una causa "penal", es el Estado
el que demanda en virtud de una ley de carácter
público como el Código Penal, la Ley sobre
estupefacientes o la Ley sobre la competencia. En Canadá,
nuestros tribunales pueden oír causas civiles y causas
penales. En las causas civiles sobre, por ejemplo, contratos o
delitos, los tribunales aplican los principios del derecho
consuetudinario en las nueve provincias y los dos territorios; en
Quebec, en las causas civiles, los tribunales aplican las reglas
del "derecho civil" tal como se enuncian en el Código Civil
de la provincia.
Los tribunales en las provincias
El nombre de los tribunales difiere de una provincia a otra,
pero el sistema judicial es aproximadamente el mismo en todo el
territorio de Canadá. El sistema judicial de las provincias
se divide en dos niveles: tribunales provinciales y cortes
superiores.
Los tribunales provinciales
Los jueces de los tribunales provinciales son nombrados por los
gobiernos de las provincias. Los tribunales provinciales tienen
competencia para oír la mayoría de las causas penales
y, en ciertas provincias, tienen competencia en materia civil
cuando la cantidad de dinero de la causa no es muy elevada.
También pueden abarcar tribunales especializados, tales como
un tribunal para adolescentes y un tribunal de familia.
Cortes superiores
Los jueces de las cortes superiores son nombrados por el
gobierno federal. El Parlamento fija su salario, y la edad de
retiro obligatorio de esos jueces es a los 75 años. Las
cortes superiores son las cortes de nivel más elevado en las
provincias; tienen un poder de control sobre las decisiones de los
tribunales inferiores.
Las cortes superiores tienen dos divisiones: una división
de primera instancia y una división de apelaciones. Esas
divisiones pueden funcionar en una sola corte, llamada Corte
Suprema, formada por una división de primera instancia y una
división de apelaciones. Las cortes superiores pueden
también estar divididas en dos cortes independientes: la
Corte Suprema o la Corte del Banco de la Reina que tiene
competencia en primera instancia y la Corte de Apelaciones que oye
las apelaciones. La división o la corte de primera instancia
tiene competencia para oír causas civiles y penales
más graves así como demandas de divorcio. La
división o la corte de apelaciones tiene competencia para
oír apelaciones a los veredictos emitidos por la
división o la corte de primera instancia en materia civil y
penal.
Los tribunales federales
La Ley constitucional de 1867 estipula que el Parlamento puede
crear una corte general de apelaciones para Canadá y
establecer tribunales adicionales para la mejor
administración de las leyes de Canadá. La Corte
Suprema de Canadá fue creada en virtud de ese poder; esa
corte es el tribunal de último recurso en el país.
Los nueve jueces que la componen representan las cinco principales
regiones de Canadá; tres provienen de Quebec, en vista del
régimen de derecho civil de esa provincia.
La Corte Suprema de Canadá es el tribunal superior del
país. Ella juzga sobre las apelaciones a las decisiones
expedidas por las cortes de apelaciones de las provincias y los
territorios y por la Corte Federal de Canadá. Sus decisiones
son finales.
La Corte Suprema de Canadá es llamada habitualmente a
resolver importantes cuestiones de interpretación relativas
a la Constitución o cuestiones complejas o controvertidas de
derecho privado o de derecho público. El gobierno puede
también solicitar la opinión de la Corte Suprema
sobre asuntos jurídicos importantes. A veces,
particularmente en ciertas causas penales, las partes pueden, de
pleno derecho, interponer una apelación a la Corte Suprema.
A menudo, las partes deben solicitarles a los jueces de la Corte
Suprema permiso para apelar.
La Corte Federal y la Corte Canadiense de Impuestos fueron
creadas en virtud de la misma disposición de la Ley
constitucional de 1867. La Corte Federal de Canadá tiene
competencia para juzgar sobre ciertos campos especializados, tales
como los derechos de autor y de derecho marítimo.
También posee un poder de control sobre las decisiones de
los tribunales administrativos y la Comisión nacional de
Apelaciones de Inmigración y la Comisión Nacional de
Liberaciones Condicionales. Está compuesta por una
sección de primera instancia y una sección de
apelaciones.
El procedimiento en las causas civiles
Una demanda o acción civil será llevada ante los
tribunales civiles cuando particulares o sociedades estén en
desacuerdo sobre un asunto de orden jurídico tal como lo que
se relacione a los términos de un contrato o la propiedad de
un bien. Las heridas corporales causadas a un persona o los
daños causados a los bienes de un particular pueden
también dar lugar a una demanda civil. Así, la
persona que se fracture una pierna al caer en la escalera exterior
congelada de otra persona puede demandarla para obtener
indemnización. La persona que demanda se llama el
"demandante" y la persona que es demandada se llama el
"demandado".
El procedimiento en una causa o "auto" civil puede ser bastante
complejo. Además, la terminología empleada para
describir las etapas del proceso no es uniforme en todo el
país. En general, la causa implica tres fases: alegatos,
interrogatorio previo y el proceso mismo.
La demanda comienza cuando el demandante interpone, ante el
tribunal, un alegato en el que expone lo que reprocha al demandado
así como las medidas de reparación que intenta
obtener. Ese alegato es apelado de diferentes maneras según
la práctica y las reglas de procedimiento del tribunal donde
se presente: auto de comparecencia, escrito de pretensiones,
declaración y solicitud. Para los fines de este folleto,
puede ser llamado el acta incoativa de la instancia.
Cuando un acta incoativa de instancia se presenta al tribunal,
un funcionario del tribunal puede tramitar la demanda. Para hacer
eso, el funcionario pone el sello del tribunal sobre el acta
incoativa y la firma en nombre del tribunal. Copias de esa acta se
entregan al demandado.
El demandado debe entonces interponer una "defensa" ante el
tribunal. Si no lo hace, corre el riesgo de perder la demanda, pues
el tribunal supondrá que, dado que no se defiende, los
alegatos del demandante son verdaderos. Si los hechos justifican
las medidas de reparación solicitadas, el tribunal va a
resolver que el demandado es "civilmente responsable".
El demandado puede sentir la necesidad de consultar a un abogado
para que le asesore y le ayude a preparar la defensa. A menudo
sucede que los abogados de las dos partes discuten la causa, con el
objetivo de "solucionarla" antes de efectuarse el proceso. Si
llegasen a ponerse de acuerdo, hay una "solución". Se puede
arribar a una solución en cualquier momento antes que el
juez pronuncie su decisión. En los hechos, sólo dos
por ciento de las causas civiles dan lugar a un proceso.
Una vez que la declaración y la defensa se han
interpuesto ante el tribunal, las partes tienen derecho a un
"interrogatorio previo". Este interrogatorio que tiene lugar antes
del proceso tiene por objeto precisar la demanda contra el
demandado y permitir que cada parte tome conocimiento de los
elementos de prueba que la otra parte pretende presentar ante el
tribunal.
Una vez que se termina el interrogatorio previo, puede comenzar
el proceso propiamente tal. En el proceso, le corresponde al
demandante dar prueba de los hechos necesarios para establecer el
fundamento de su demanda. En una causa civil, el demandante debe
demostrar que es más probable que no que el demandado es
responsable. El demandante no tiene que establecer la prueba "sin
lugar a ninguna duda razonable" como es el caso en las causas
penales.
El proceso en las causas civiles
El proceso en las causas civiles pretende demostrar si la
demanda está fundada y, en caso afirmativo, qué
medidas de reparación serían apropiadas. El juez oye
a las dos partes con el objetivo de establecer los hechos del
litigio. En seguida debe decidir si los hechos en cuestión
permiten concluir que el demandado ha contravenido una regla de
derecho, por ejemplo, si el litigio trata sobre un contrato, la
regla según la cual toda parte de un contrato debe respetar
sus obligaciones contractuales.
El proceso comienza por la presentación de los elementos
de prueba por el demandante. El demandante cita los testigos para
declarar en cuanto a los hechos y para entregar documentos, fotos u
otros elementos de prueba. El demandado puede contra-interrogar a
los testigos del demandante para verificar la veracidad de su
testimonio. El demandado presenta en seguida sus elementos de
prueba y cita a sus testigos. El demandante tiene igualmente el
derecho de contra-interrogar a los testigos citados por el
demandado.
Durante todo el proceso, el juez vela por que los elementos de
prueba presentados así como las preguntas hechas, sean
pertinentes. Por ejemplo, en general, el juez no permitirá
una prueba de "oídas", es decir un testimonio basado en lo
que un testigo haya oído decir a otra persona.
Al fin del proceso, el demandante y el demandado exponen el
resumen de sus argumentos. En seguida, el juez examina los
elementos de prueba que se le han presentado y toma una
decisión fundada en los elementos más
convincentes.
Según la naturaleza de la causa y el tribunal encargado
de oírla, el demandado en una causa civil puede tener
derecho a un proceso ante juez y jurado. En tal caso, el jurado
debe evaluar los hechos mientras el juez determina el derecho
aplicable. Al fin del proceso, el juez explica al jurado la prueba
y el derecho aplicable. El jurado debe deliberar y dar su
veredicto.
Las decisiones en las causas civiles
En las causas civiles, el juez rechazará la demanda si el
demandante no establece el fundamento de ésta. No obstante,
si el tribunal juzga que el demandado es responsable, debe a
continuación determinar las medidas de reparación a
acordar al demandante. Las medidas de reparación dependen de
varios factores: la reparación demandada en el acta
incoativa, los hechos y la competencia del tribunal correspondiente
en materia de reparación.
Las medidas de reparación se dividen en tres
categorías: pagos por daños y perjuicios, los juicios
declaratorios y las órdenes de hacer o no hacer ciertas
cosas.
Los pagos de daños y perjuicios son la reparación
más frecuentemente acordada. La cantidad de daños y
perjuicios es fijada habitualmente por el juez o el jurado.
Éste tendrá en cuenta los gastos incurridos por el
demandante y, cuando la ley así lo autorice, una cantidad
global adicional será acordada al demandante por
indemnización por la pérdida sufrida y por las
pérdidas que podría sufrir en el futuro. Aun cuando
el juez o el jurado pueden tener en cuenta la cantidad solicitada
por el demandante en el acta incoativa, no está obligado a
otorgar esa cantidad; puede conceder una cantidad menor que la
solicitada.
En Canadá, los daños y perjuicios acordados
pretenden indemnizar al demandante por la pérdida sufrida.
No obstante, el juez o el jurado puede a veces acordar daños
y perjuicios "ejemplares" además de los demás
daños y perjuicios. Esos daños y perjuicios son
acordados habitualmente cuando la ley lo estipula expresamente o,
en la mayoría de las administraciones, cuando el juez o el
jurado está convencido de que la conducta del demandado es
tan reprensible que se deben acordar daños y perjuicios
adicionales para reflejar la reprobación de la
colectividad.
Los juicios declaratorios permiten que el tribunal enuncie o
declare los derechos de las partes. Por ejemplo, cuando un tribunal
interpreta un testamento o un contrato, su decisión es de
naturaleza declaratoria. Lo mismo ocurre cuando el tribunal se
pronuncia sobre la propiedad de un bien mueble o inmueble.
Numerosas medidas de reparación pretenden obligar a una
persona a hacer o no hacer ciertas cosas. La más frecuente
de esas medidas es el "mandato judicial". El mandato judicial puede
prohibirle a alguien que realice ciertas acciones, por ejemplo,
importunar a los vecinos quemando basura. El mandato judicial puede
también forzar a alguien a realizar una acción, por
ejemplo, sacar un auto cacharriento del terreno del demandante.
Otra medida de reparación que pretende obligar a una
persona a hacer algo es la "ejecución forzosa". Esta medida
es la acordada con mayor frecuencia cuando el demandado no ha
respetado el contrato firmado con el demandante. Por ejemplo,
tomemos el caso de un demandado, el Sr. Tremblay, que no respeta el
contrato por el cual se ha comprometido a vender su casa a la
demandante, la Sra. Leblanc. En lugar de otorgar daños y
perjuicios, el juez podría ordenarle al Sr. Tremblay que
respete su contrato y le venda su casa a la Sra. Leblanc al precio
convenido.
El mandato judicial y la orden forzosa no son medidas de
reparación que se acuerden automáticamente. En cada
caso, el tribunal tiene el poder discrecional de imponer una orden
o acordar daños y perjuicios. Las circunstancias en que ese
poder discrecional puede ejercerse son el objeto de un gran
número de decisiones judiciales.
El procedimiento en las causas penales
A diferencia de un auto civil, una causa penal no es un
conflicto entre particulares, aun cuando a menudo las personas
sufran un daño material o sean heridas por los infractores.
El delito interesa a la sociedad en su conjunto. Eso explica que
habitualmente sea el Estado, y no un particular, el que inicia la
causa en materia penal. La persona a la que se le reprocha una
infracción se llama el "acusado".
Las infracciones penales están previstas en el
Código penal y en otras leyes federales. Se dividen en dos
categorías: las "infracciones punibles por procedimiento
sumario" y los "actos delictivos". Ciertas infracciones se llaman
"mixtas", pues el infractor puede, a su discreción, recurrir
al procedimiento sumario o proceder por vía de la
acusación.
La persona acusada de un infracción punible por
procedimiento sumario comparece ante un juez de la corte provincial
y el proceso de desarrolla por lo común "sumariamente", es
decir, ante ese juez y sin que hayan otros procedimientos. La pena
máxima por ese tipo de infracción es generalmente una
multa de $2.000 o una pena de cárcel de seis meses o las dos
penas a la vez. Los actos delictivos son infracciones más
graves. En la mayoría de los casos, el acusado puede elegir
ser juzgado por un juez de un tribunal superior o incluso un juez
de un tribunal superior y un jurado. En el caso de un acto
delictivo, puede haber en primer lugar una "investigación
preliminar" en que un juez examina los elementos de prueba con el
fin de determinar si la prueba es suficiente para enviar al acusado
a proceso. Si el juez estima que la prueba es insuficiente, la
causa se abandona. Si no, ordena el inicio de un proceso.
La persona acusada de una infracción no es necesariamente
arrestada por los policías. Después de la
presentación de una denuncia, se le puede entregar al
acusado un simple "comparendo". Un comparendo es una orden de
comparecer ante el tribunal en la fecha fijada para responder a la
acusación. Sin embargo, si el acusado es arrestado, deben
seguirse ciertos procedimientos destinados a proteger los derechos
que le garantiza la Carta. No hay que olvidar nunca que todo
acusado se presume inocente mientras no haya sido declarado
culpable.
Los policías que arrestan o detienen una persona deben
informarle sin demora sobre su derecho a la asistencia de un
abogado; deben también informarle de los motivos de su
arresto o detención y de la infracción precisa que se
le reprocha.
Toda persona arrestada o detenida tiene el derecho de comparecer
en el plazo más breve ante un juez o un juez de paz
(habitualmente dentro de 24 horas), a menos que los policías
la dejen en libertad antes, a fin de obtener una decisión
respecto a su "puesta en libertad bajo fianza". Las investigaciones
sobre la fianza se llaman a veces audiencias de
"justificación", porque el fiscal debe demostrar
porqué el acusado no debe ser puesto en libertad. La
liberación de un acusado puede ir acompañada o no de
condiciones. Un juez rehusará poner en libertad bajo fianza
a un acusado solamente cuando tenga muy buenas razones para
hacerlo.
Todo inculpado tiene el derecho de ser juzgado en un plazo
razonable.
El proceso en las causas penales
El proceso en materia penal es un asunto grave, pues
están en juego la vida y la libertad del acusado y
éste corre el riesgo de tener que soportar los estigmas
asociados con una declaración de culpabilidad. Esa es la
razón por la que el derecho consuetudinario y la Carta
establecen protecciones especiales. Así, la causa debe
probar sin lugar a duda razonable que el acusado es culpable de la
infracción de que se le acusa. Además, si un juez
concluye que los elementos de prueba fueron obtenidos en
condiciones que violan los derechos garantizados al acusado por la
Carta y que su utilización podría desacreditar la
administración de la justicia puede declarar inaceptables
esos elementos de prueba.
En materia penal, los procedimientos judiciales no pueden
obligar al acusado a declarar. Éste último puede no
obstante presentarse al banquillo de testigos si lo desea.
Las decisiones en las causas
penales
Si el acusado es declarado no culpable, es absuelto y puesto en
libertada. Pero si es declarado culpable de un delito, el juez debe
decidir la pena que se le debe dar.
Para tomar esa decisión, el juez debe tener en cuenta
numerosos factores, particularmente la gravedad del delito, las
penas previstas en el Código penal o las otras leyes, la
necesidad de impedir o desalentar al infractor o toda otra persona
de cometer delitos parecidos y las posibilidades de
rehabilitación del infractor.
Hay varios tipos de penas y el juez puede decidir recurrir a una
combinación de éstas. Entre las penas que se pueden
dar, mencionaremos las siguientes:
La multa: Una suma de dinero que
puede llegar a miles de dólares.
Indemnización: Una orden que exige que el
infractor indemnice a la víctima por las heridas, las
pérdidas o el perjuicio sufrido.
Libertad condicional: Una orden de
liberación sujeta a condiciones.
Trabajos comunitarios: Una orden por la cual se
exige que el infractor ejecute un cierto número de horas de
trabajo voluntario en beneficio de la colectividad.
Encarcelamiento: El encarcelamiento en una
prisión o una penitenciaría. El infractor condenado a
encarcelamiento de dos años o más cumplirá su
pena en una penitenciaría federal; el que sea condenado a
cárcel por menos de dos años cumplirá su pena
en una prisión provincial.
Sin embargo, la ley no obliga siempre al juez a inscribir una
declaración de culpabilidad. En ciertas circunstancias, el
juez puede acordar al infractor una absolución incondicional
o una absolución "bajo condición". En el caso de una
puesta en libertad bajo condición, el infractor debe
respetar las condiciones fijadas por el juez, si no podrá
comparecer de nuevo ante el tribunal y recibir una pena más
severa. La absolución evitará que la persona
concernida tenga un expediente judicial.
El derecho de apelación
Ningún sistema es perfecto. A pesar de todas las
precauciones que se puedan tomar, siempre es posible que el
tribunal cometa un error. En consecuencia, en nuestro sistema de
justicia, el derecho a interponer una apelación al fallo de
un tribunal constituye una protección importante.
En la mayoría de los casos civiles y penales, el fallo
expedido por un tribunal puede ser apelado ante un tribunal
superior. Cuando la ley no prescribe una apelación de pleno
derecho, es necesario solicitar la "autorización" para
apelar ante el tribunal superior competente. El tribunal superior
puede rechazar la autorización de apelar o confirmar o
invalidar el fallo del tribunal inferior. En ciertos casos, el
tribunal superior ordena la realización de un nuevo proceso.
En materia civil, una u otra parte puede ejercer este derecho de
apelación. En un caso penal, la apelación puede ser
interpuesta ya sea por el fiscal ya sea por el acusado. A veces, la
apelación trata sólo sobre la cantidad de los
daños y perjuicios o la severidad de la pena infligida. Por
ejemplo, el acusado puede solicitar a un tribunal superior que
reduzca la pena que se le dio o el fiscal puede solicitar una pena
más severa.
Los tribunales administrativos
Hay numerosas normas y reglamentos administrativos que son
tratados fuera de los procesos judiciales oficiales. Los diferendos
en materia de permisos de radiodifusión, de seguro de
desempleo, de normas de seguridad del trabajo o de reglamentos
relativos a la salud, por ejemplo, pueden resolverse en ministerios
federales o provinciales o incluso en organismos administrativos
especiales. Entre esos organismos especiales, mencionaremos
especialmente la Comisión de Seguro de Desempleo, el Consejo
de Radiodifusión y Telecomunicaciones de Canadá, las
comisiones de relaciones de trabajo y las comisiones que tienen
competencia con respecto a casos de refugiados.
El procedimiento aplicable en esos organismos administrativos es
habitualmente más simple y menos formal que el de los
tribunales ordinarios. Sin embargo, para asegurarse que esos
organismos no sobrepasen los límites de la competencia que
la ley les confiere, y que sus procedimientos sean justos, sus
decisiones y sus debates pueden ser objeto de un control judicial.
En cuanto a los organismos federales, ese control es ejercido por
la Corte Federal de Canadá.
La Ley sobre los jóvenes infractores
Hay factores especiales que se toman en cuenta cuando las
infracciones criminales son cometidas por adolescentes. Por ese
motivo el Parlamento adoptó la Ley sobre los
jóvenes infractores que se aplica a los adolescentes de
12 a 17 años inclusive. La Ley reconoce que los adolescentes
deben asumir la responsabilidad de sus delitos, aun cuando no se
les exija en todos los casos el mismo grado de responsabilidad.que
a los adultos Es en interés de la sociedad velar por que el
mayor número posible de jóvenes infractores sean
rehabilitados y se conviertan en ciudadanos productivos.
La Ley les otorga a los adolescentes derechos y protecciones que
van más allá de los que gozan los adultos.
Además, reconoce que los adolescentes tienen necesidades
especiales y están en una situación particular que es
necesario tener en cuenta al momento de tomar una decisión
conforme a los términos de la Ley. La declaración de
principios, contenida en la Ley, reafirma esas reglas.
La Ley establece que el tribunal para adolescentes tiene
competencia para oír todas las causas que demanden a un
adolescente. Los adolescentes no tienen el derecho a un proceso
ante juez y jurado, pero gozan de derechos y protecciones acordadas
a los adultos, tales como la presunción de inocencia y la
obligación de probar su culpabilidad sin lugar a duda
razonable. Además, los adolescentes tienen el derecho a los
servicios de un abogado.
La Ley establece la aplicación de "medidas alternativas"
antes que el recurso a los procedimientos judiciales formales. En
general, esas medidas están limitadas a las infracciones
menores de que se acusa a los adolescentes que no tengan
antecedentes. Esas medidas son expeditivas, informales y minimizan
los estigmas adscritos a una comparencia ante el tribunal. El
recurso al procedimiento ordinario, más costoso, se reserva
para las infracciones más graves.
Los jóvenes infractores que sean declarados culpables de
una infracción en virtud de la Ley son objeto de una
"decisión" (o pena) que puede consistir en una
absolución incondicional, una multa de hasta mil
dólares, una orden de restitución o
indemnización, una orden de trabajos comunitarios que no
sobrepasará de 240 horas, una orden de libertad condicional
probatoria de hasta dos años o una orden de custodia
combinada con supervisión comunitaria de hasta cinco
años menos un día.
En el caso de infracciones más graves, el adolescente de
14 años o más puede ser enviado ante un tribunal para
adultos. Si un juez del tribunal para adolescentes ordena que sea
enviado, el proceso se celebrará ante el tribunal para
adultos. Si el adolescente es declarado culpable por ese tribunal,
la pena será determinada conforme a los principios
aplicables a los adultos. Por ejemplo, si la pena para un adulto
fuera prisión perpetua, al adolescente se le
infligirá la misma pena.
La asesoría jurídica
Es importante que la persona con problemas de orden
jurídico consulte un abogado para obtener asesoría.
Por su formación, los abogados son competentes para prestar
tales servicios. Pueden representar a sus clientes en causas
civiles y penales. Además, pueden dar consejos y ayudar a
sus clientes en todas las situaciones que requieren un conocimiento
de la ley, por ejemplo, en la compra o venta de una casa.
En Quebec, la profesión jurídica comprende
abogados y notarios. Los notarios tratan principalmente asuntos
contractuales, particularmente inmoviliarios. No pueden representar
a sus clientes ante los tribunales, salvo en las causas no
litigiosas. En el resto del país, los abogados pueden
prestar el conjunto de los servicios jurídicos. Sin embargo,
muchos abogados no practican sino en un solo campo del derecho.
Así ciertos abogados se especializan en derecho penal,
mientras que otros se especializan en derecho fiscal.
La asistencia de un abogado es particularmente importante para
cualquier persona acusada de un crimen, porque la
declaración de culpabilidad puede tener consecuencias
graves. Sin embargo, puede suceder que el acusado no tenga los
medios de pagar los servicios de un abogado. Para remediar esa
situación, el gobierno federal y los gobiernos provinciales
han puesto en marcha un programa por el cual comparten los costos
de esos servicios jurídicos; es necesario cumplir con
ciertas condiciones para recibir los servicios. En el marco de ese
programa, las provincias proporcionan ayuda jurídica a toda
persona admisible acusada de una infracción que pueda ser
castigada con pena de cárcel o que le impida ganarse la
vida. Ciertas provincias tienen también un programa de ayuda
jurídica para las causas civiles, tales como en materia de
derecho de la familia.
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