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» Presente y Futuro de la CIDIP

el Problema Básico y Fundamental: ¿Es necesaria la CIDIP?
(Consideraciones presentadas por Diego P. Fernández Arroyo invitado especial de la OEA)

 
   

[Introducción]

 
 

1. Sin ningún prolegómeno, me parece que existe un problema fundamental que necesita, pasados los primeros veinticinco años de vida de la CIDIP, ser discutido a fondo. Lo que hace falta en esta hora es definir o redefinir la función de la CIDIP en general y su viabilidad como órgano de codificación del Derecho Internacional Privado (DIPr) y del Derecho del Comercio Internacional (DComI). Para esto, deben tenerse en cuenta, en particular, una serie de cuestiones específicas, tales como:    

- interés real de la OEA en la codificación del DIPr y del DComI (en las agendas de la OEA los temas de DIPr casi ni se ven, siendo la amplísima mayoría de los temas de derecho internacional público –DIP-);  

- necesidad o no de un Órgano Permanente (OP) (o de personal de la OEA exclusivamente dedicado a esta tarea;

- problemas presupuestarios y propuestas de soluciones (la constitución del Área de Libre Comercio de las Américas –ALCA- acaso tenga algún papel que jugar al respecto, debido a la indudable necesidad de un andamiaje jurídico para dicha zona de libre comercio); posibilidad y límites de la financiación privada;  

- papel del CJI y carencia de especialistas en DIPr dentro del mismo;  

- problemas en la ratificación y aplicación (y conocimiento de dicha aplicación) en los EM de la Organización;  

- relación entre las normas de las convenciones de la CIDIP y las demás normas convencionales, en especial, las normas subregionales de integración;  

- (más de fondo) necesidad de una codificación a nivel regional en la actual situación del mundo.

El único modo de llegar a una respuesta válida sobre esas cuestiones y otras muchas relacionadas con ellas, sería la de convocar una Reunión de Expertos, gubernamentales e independientes, en un plazo prudencial (se me ocurre que podría ser hacia fines del año 2003 o inicios del 2004), dedicada exclusivamente a realizar un análisis de la obra de la CIDIP y la conveniencia y necesidad de seguir adelante (con las modificaciones que se consideren pertinentes) o no[1]/. Las conclusiones de dicha reunión tendrían que ser tomadas al pie de la letra por los órganos de la OEA. Para ello sería muy oportuno que la CIDIP VI (o el Consejo Permanente –CP- en su defecto) solicite a la Asamblea General (AG) la convocatoria de la Reunión de Expertos y que se realice un programa de difusión previa en todos los Estados miembros (EM), a efectos de que se llegue a la reunión de expertos con una buena discusión previa de cada uno de los temas. Considero fundamental, en este sentido, que la OEA, a través de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos (SAJ), fomente (y en algunos casos auspicie) la realización de Jornadas subregionales (para las cuales se podría seguir el esquema de los procesos de integración, es decir: TLCAN, SICA, CARICOM, CAN y MERCOSUR) y nacionales.

Puede resultar particularmente efectivo utilizar los contactos personales que la SAJ tiene en los distintos EM para que éstos se encarguen de colocar la cuestión del FUTURO DE LA CIDIP como tema prioritario en las reuniones científicas ordinarias y extraordinarias a celebrar entre la CIDIP VI y la Reunión de Expertos de 2003/2004. Muchas de las realizaciones jurídicas más importantes, en América y en el mundo, tienen que ver con la actitud y la actividad de personas concretas. La Ley venezolana de DIPr de 1998 es un ejemplo muy significativo al respecto. Sería muy importante que durante la CIDIP VI se adopte una Resolución exhortando a las instituciones científicas y académicas a preparar el debate para el año 2003/2004. Hay países que cuentan con instituciones muy bien preparadas para eso, como México con su Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado y Comparado o Uruguay con el Instituto de Derecho Internacional Privado de la Universidad de la República; pero incluso en los que no tienen una estructura semejante, es importante que se fomente la reunión y vinculación de todos quienes tienen que ver con el DIPr: académicos, funcionarios y profesionales en general. Cada una de las reuniones subregionales y nacionales deberían contar con toda la documentación que vaya produciendo la SAJ (la configuración de una red E-mail es, en este contexto, indispensable, además de barata y fácil de implementar). Incluso sería muy importante la participación en dichas reuniones de funcionarios de la SAJ o de expertos ad-hoc (que bien podrían estar presentes en dichas reuniones físicamente, a través de video-conferencias y/o mediante la elaboración de documentos específicos).

La Reunión de Expertos de 2003/2004 debería servir para dictar las pautas concretas y realistas del futuro de la CIDIP, las cuales tendrían que ser asumidas por la OEA, o, en caso contrario, para declarar extinguida (con todos los honores) esta floreciente y rica etapa de la evolución del DIPr interamericano. Para una respuesta de tanta trascendencia es preciso contar con los mejores exponentes del DIPr de las Américas (los cuales podrían actuar como representantes de los EM o como observadores invitados) y con funcionarios de un rango elevado, a efectos de que no se produzca un divorcio entre las ilusiones (muchas veces legítimas) de los académicos y los intereses prioritarios de los Gobiernos.

2. Según mi punto de vista particular, la CIDIP tendría que seguir existiendo y trabajando pero con una profunda modificación de su funcionamiento y una relativa redefinición de sus objetivos. Ahora bien, como he dicho, soy conciente de que existen otras opiniones, tan fundadas como la mía, situación que hace evidente la necesidad de un debate como el que propugno. Lo que a mi entender no presenta, en cambio, ninguna duda es que el trabajo de la CIDIP debe ser aprovechable para todos sus Estados (los Estados de “todas las Américas”) y que, por lo tanto, todos deben participar activamente en la preparación de sus textos. 

Para que los EM se sientan comprometidos con el trabajo de la CIDIP, a mi entender el secreto radica en que la SAJ (o el OP, si llegara a crearse) detecte una o varias personas de cada EM que tendrían la función de fomentar dicha participación activa. Esas “personas relevantes de contacto” (PRC) pueden variar según los temas y según las reuniones; incluso una misma PRC podría actuar en más de un país. Lo importante es que tengan, por un lado, una fluida comunicación con la SAJ y, por otro, algún tipo de “impacto institucional”. Esto no tendría por qué producir problemas con los EM. Téngase en cuenta que en la actualidad existen especialistas americanos de DIPr que ocupan cargos institucionales (incluso hay algún Canciller) o bien que son consultores externos de los Gobiernos o de algún Ministerio específico, o son personas de una relevancia muy singular (también hay algún juez de la Corte Internacional de Justicia). La SAJ tendría entonces que estar en contacto permanente con las PRC, y éstas deberían tener la “obligación” (al menos, informal) de comunicar periódicamente a la SAJ el estado de situación en su ámbito geográfico y material de acción. El éxito de esta metodología está estrechamente ligado con la elección de los interlocutores (PRC) adecuados.

Finalmente, el problema de los recursos (limitadísimos) de la OEA para el DIPr no tiene necesariamente mucho que ver con lo anterior. Es importante lograr un equilibrio entre el apoyo que pueden dar instituciones públicas y privadas que estén interesadas en el desarrollo de algunos temas por parte de la CIDIP[2]/ y la necesidad de no “privatizar” totalmente el proceso, resguardando la imprescindible y esencial independencia que debe guiar a las Conferencias. De otro lado, cuanto más convencidas estén las autoridades de los EM de la importancia de las cuestiones a regular, más posibilidades tendrían que existir de que las partidas presupuestarias fueran mayores. De todos modos, los gastos no tendrían que ser tantos. Fuera de las Conferencias, consistirían en algunas reuniones de expertos (a las que, de forma indispensable, se debe llegar con el material más que avanzado), gastos puntuales que puedan generar algunas PRC, realización de algunos informes, colaboración con las reuniones subregionales, y poco más. Para todo lo que sean reuniones (de expertos o subregionales) los gastos no han sido hasta ahora ni serán en el futuro exclusivos de la OEA, ya que se comparten con los EM y con instituciones públicas o privadas (cuestión que puede fomentarse). Lo que sería importante que sufrague la OEA, en aras de una mayor especialización y cualificación, es la participación de especialistas (PRC), tanto a través de informes como mediante la asistencia a reuniones. En este punto debe considerarse que la cuestión estriba en saber “vender el producto” CIDIP. En todos los EM, incluyendo los que tienen más dificultades académicas se llevan a cabo cada año eventos académicos, deportivos, artísticos, políticos, etc., infinitamente más caros que cualquier reunión como la que aquí se propugna.


[1]. En realidad, estaba previsto que el tema del futuro de la CIDIP fuera tratado en la CIDIP VI, a partir de las conclusiones que el CJI debía adoptar durante su período de sesiones de agosto de 2001. Para ello, el CJI designó en su reunión de marzo de 2001 en Ottawa a dos de sus miembros (João Grandino Rodas, de Brasil y Presidente del CJI, y Carlos Manuel Vázquez, de Estados Unidos) para que presentaran un informe al respecto. A tal fin, con fecha 22 de mayo de 2001, el CJI, con la ayuda de la SAJ, hizo circular un Cuestionario sobre el futuro de la CIDIP entre “un selecto grupo de académicos, juristas y expertos en el campo del derecho de las Américas y de otros países”, que debía ser respondido antes del 30 de junio. Aunque no conozco dichas conclusiones, considero que el debate debe ser más amplio y reposado, habida cuenta de la importancia de lo que está en juego. En particular, parece muy difícil, sino imposible, que los delegados y observadores presentes en la CIDIP VI puedan, en tan sólo cinco días, dedicarse a los tres temas previstos para la ocasión y además tener tiempo para adoptar alguna decisión de fondo sobre dicho futuro.

[2]. Así, en la invitación para la Tercera Reunión de Expertos preparatoria de la CIDIP VI (Miami, 26 al 30 de noviembre de 2000), que fue organizada por la OEA y el National Law Center for Inter-American Free Trade (NLCIFT), se agradecía a los siguientes auspiciantes: Astigarraga Davis Mullins & Grossman, Federal Express Corporation, Ford Motor Credit Company, Greemberg Traurig, Banco Interamericano de Desarrollo, Lucent Technologies, MasterCard International Incorporated, Microsoft Corporation, NIC Conquest, Oracle Corporation, the Summit of the Americas Center at Florida International University (Miami), y 3Com Corporation. No parece nada descabellado que quienes más interesados están en la aprobación de determinadas reglamentaciones colaboren efectivamente a ese fin, siempre que eso no signifique, obviamente, la adquisición de algún tipo de compromiso en cualquier sentido. Una cosa es que coincidan los intereses públicos (o el interés general) con ciertos intereses privados y otra cosa es que éstos se impongan sobre la base de la financiación.

 

 

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