CIDH: La independencia judicial en Ecuador debe ser garantizada frente a injerencias del crimen organizado

14 de mayo de 2024

Washington, D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sigue de cerca las investigaciones sobre la penetración del crimen organizado en la función judicial en Ecuador y llama al Estado a garantizar la independencia de las personas operadoras de justicia, así como proteger la labor, vida e integridad de quienes investigan actos de corrupción.

La Fiscalía General del Estado ha presentado públicamente investigaciones que muestran indicios de estructuras criminales que habrían pagado sobornos a personas operadoras de justicia, presuntamente, a cambio de decisiones favorables; modificaciones en composiciones de tribunales; retardos procesales injustificados y beneficios penitenciarios a favor de integrantes de organizaciones del crimen organizado y sus familiares. Según información oficial, al menos 19 jueces de distintas regiones y niveles de la judicatura estarían involucrados.

Estos casos se habrían producido en el contexto de agravamiento de la situación de seguridad ciudadana en Ecuador, originada en el accionar violento del crimen organizado. Al respecto, la Comisión condenó el asesinato del Fiscal César Suárez, de la Unidad Nacional Especializada de Investigación contra la Delincuencia Organizada Transnacional, quien estaba a cargo de las investigaciones referidas a la irrupción de un grupo armado en un canal televisivo el 9 de enero del presente año.

En la lucha contra la criminalidad organizada, la independencia e imparcialidad de la función judicial es indispensable. La Comisión ha advertido sobre los impactos del crimen organizado en los sistemas de justicia de la región, que han permitido establecer estructuras paralelas de poder que pretenden cooptar los órganos judiciales, incluso en sus más altas Cortes. En estos contextos, los Estados deben adoptar estrategias efectivas para prevenir presiones internas, externas y hostigamientos contra las personas operadoras de justicia. Por ejemplo, se requiere establecer unidades especializadas que aseguren una capacidad de respuesta real frente a denuncias de corrupción que cuenten con fondos apropiados. Asimismo, la remuneración, recursos humanos y técnicos adecuados, así como la capacitación permanente y seguridad de quienes investigan casos de corrupción son condiciones esenciales.

La Comisión realta las expresiones de voluntad de las autoridades de Ecuador opara luchar contra la corrupción y garantizar garantizar la independencia judicial frente a injerencias del crimen organizado transnacional.

La CIDH recuerda que todo Estado debe asegurar el desarrollo libre de la función judicial y garantizar la seguridad de las personas operadoras de justicia. En esta oportunidad, insta al Estado ecuatoriano a redoblar las medidas de protección a favor de personal judicial y fiscal, y a llevar a cabo investigaciones exhaustivas, serias e imparciales a fin de enjuiciar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales por la violencia contra personas operadoras de justicia.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

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